El expediente completo.

Denuncia formal por excavaciones realizadas sin la autorización correspondiente. Los movimientos de tierra son precisamente la categoría que el registro del desarrollador aparta como proceso distinto; estos son los trámites presentados dentro de esa categoría.

Órdenes municipales de clausura dictadas respecto de obras en el sitio. Una orden de clausura es un acto municipal, no una imputación de un particular.

Gestión de 24 páginas que solicita la declaratoria de nulidad absoluta del mismo permiso, por cinco motivos independientes. Conforme al art. 173 LGAP, basta con que uno solo se acredite. La gestión no ha sido resuelta, y el permiso subsiste mientras no lo sea. La gestión quedó registrada como trámite 6519-2026 y fue trasladada por la Alcaldía el 23 de febrero de 2026, mediante AM-0370-02-2026, a la Dirección de Planificación Urbana y Desarrollo y a la asesoría legal. El propio permiso consigna el proyecto CFIA OC 1217432 e identifica al titular mediante la cédula jurídica 3-102-861529.

1 · Agua — no consta en el expediente el criterio de la Dirección de Acueductos Rurales del AyA, exigido por el art. 117 del Reglamento de Construcciones cuando un condominio se abastece de una ASADA. 2 · Ambiente — 511 m² en zona ambientalmente frágil requieren formulario D1-C de SETENA según el art. 3(6) del Decreto 43898-MINAE; no consta. 3 · Electricidad — las certificaciones de no disponibilidad del ICE (oficios 1153-055-2021 y 1153-170-2024) constan al folio 039 del propio expediente administrativo del permiso. 4 · Árboles — el certificado de uso de suelo de la propia Municipalidad califica la finca como zona boscosa y advierte la necesidad de permiso de tala del MINAE; no consta. 5 · Procedimiento — la clausura de junio de 2025 no había sido levantada cuando se emitió el permiso.

Expediente municipal abierto relativo al otorgamiento de permisos de construcción en el sitio. Seis permisos fueron otorgados mediante un proceso de regularización — es decir, con posterioridad a las obras que amparan, y no de forma previa.

Los seis se solicitaron antes de que se otorgara la concesión R-2133-2024-AGUAS-MINAE del pozo CJ-135, en setiembre de 2024. La concesión es el instrumento en el que se dice sustentar el abastecimiento de agua del desarrollo, y no existía como derecho otorgado en las fechas de aquellas solicitudes.

El expediente no ha sido resuelto. No afirmamos que ninguno de los seis permisos sea inválido; hacemos constar que la Municipalidad mantiene una investigación abierta sobre su emisión, y que la secuencia de fechas consta en el registro público y puede verificarse.

Clausura notificada a seis entidades, entre ellas el Condominio Mar Azul. No consta en el expediente acto municipal posterior que la levante. Una orden de clausura no caduca por sí sola; permanece vigente hasta su levantamiento formal. Se consignó la remoción de los sellos el 30 de diciembre de 2025, materia planteada al amparo del art. 319 del Código Penal.

El 25 de agosto de 2026 la Dirección de Control Constructivo y Obras Públicas emitió una prevención de cumplimiento constructivo respecto de las 6 filiales.

Contra dicha prevención se interpusieron incidente de nulidad y recurso de revocatoria con apelación en carácter subsidiario. Junto con ellos se presentó denuncia por la falta de respuesta a ocho trámites presentados ante la Municipalidad durante 2026 — 12443, 12445, 12446, 12447, 15069, 15071, 15073 y 17405 — así como reporte de nuevas obras de tubería y de una interrupción del suministro de agua dentro del condominio.

La propia oficina emisora cursó copia de la prevención al Ministerio Público.

La prevención no ha sido resuelta, y no existe pronunciamiento en ningún sentido.

El permiso PC-572-2025 consigna el catastro G-3752-2025. El oficio de clausura de junio de 2025 sobre la misma propiedad consigna el catastro G-2043984-2018. Ambos no coinciden. El permiso además no indica número de finca e identifica al titular únicamente como una sociedad de responsabilidad limitada, sin precisar cuál — requisitos de contenido del art. 132 LGAP. No afirmamos cuál plano es el correcto; hacemos constar que el expediente contiene dos, y que un comprador debería determinar a cuál parcela se refiere el permiso.

Uno de cinco amparos de legalidad presentados para obligar a las autoridades competentes a resolver expresamente las gestiones pendientes. Esta gestión se refiere a la materia de control municipal, incluidas las órdenes de clausura antes consignadas.

La Dirección de Aguas consignó que el pozo CJ-135 no se encontraba operativo — sin bomba y sin conexión eléctrica — al momento de la inspección, y nuevamente unos seis meses después. Los mismos registros consignan que el propio administrador del desarrollo confirmó que la ASADA Santa Marta abastece las viviendas. Se trata de una constatación de la propia autoridad concedente, no de una afirmación de los propietarios.

Amparo de legalidad relativo al agua suministrada al condominio y al fundamento en que se presta dicho servicio.

Se sustenta en el mismo estudio técnico que cita el registro del desarrollador — GSD-UEN-GAR-2025-02417 (25 de junio de 2025) — junto con el oficio GSD-UEN-GAR-2025-02538. Un estudio técnico describe; no autoriza.

La ARESEP es el regulador de las tarifas de servicio público. La cuestión planteada es si el esquema por el cual el agua llega a las filiales, y la tarifa que se cobra por ella, se sustentan en alguna autorización.

Denuncia por suministro y cobro. La conexión identificada como NISE 2106726 está registrada a nombre de una sociedad distinta, no del condominio. El ICE respondió mediante oficio 1100-137-2026; se presentó respuesta formal el 7 de julio de 2026.

El 17 de agosto de 2026 el ICE emitió el oficio 1100-170-2026 en la denuncia por suministro y cobro. Consigna que la prueba recabada resulta insuficiente para acreditar un incumplimiento, e invoca limitaciones de acceso a las instalaciones internas como restricción de la verificación practicada.

Contra dicha determinación se interpuso recurso de revocatoria con apelación en carácter subsidiario. El asunto no está concluido.

Qué acredita el oficio y qué no: no constituye un pronunciamiento de que el cobro sea conforme a derecho, ni se pronuncia sobre el titular registral del NISE 2106726. Consigna que el ICE no acreditó un incumplimiento con el material a su disposición, en una verificación que su propio texto describe como limitada. Son cosas distintas, y conviene leer el oficio antes que un resumen de él.

Amparo de legalidad para que el ICE resuelva expresamente la gestión pendiente.

Denuncia penal presentada al día siguiente de la desconexión de servicios a ciertas filiales el 26 de febrero de 2026. El asunto está pendiente; no existe pronunciamiento y las partes se presumen inocentes.

Denuncia ambiental que consigna el tránsito confirmado de un puma (Puma concolor) por las filiales 18, 20 y 21, y movimientos de tierra que afectan su hábitat y rutas de tránsito. Interpuesta contra la administración y el desarrollador como instituciones; no se identifica persona física alguna. El SINAC realizó inspección de campo el 16 de julio de 2026.

Material confirmado de manigordo (Leopardus pardalis) en dos puntos de la propiedad. Tanto el manigordo como el puma están protegidos por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y el Decreto Ejecutivo N° 40548-MINAE, y figuran en el Apéndice I de CITES.

El expediente SETENA que sustenta la viabilidad 2514-2019, incluidos los compromisos y condiciones asociados a esa aprobación.

Proceso de nulidad contra la asamblea del 25 de febrero de 2025. La Sentencia N° 2025000185 del 23 de octubre de 2025 suspendió esas resoluciones —incluidos el presupuesto y la modificación del artículo 6 del Reglamento (6.7 y 6.9)— y la Medida Cautelar N° 2026000006 (13 de enero de 2026) reforzó la suspensión. Reafirmada el 15 de julio de 2026 con apercibimiento conforme al artículo 314 del Código Penal.

El 15 de julio de 2026 el juzgado rechazó el incidente de nulidad de la parte demandada por dos motivos independientes. La medida cautelar está pendiente de resolución.